La ley, ratificada tanto por la Cámara de Diputados como por el Senado, impone penas de dos a seis años de prisión a quienes realicen prácticas destinadas a cambiar la orientación sexual o identidad de género de una persona.
El Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/Sida (ONUSIDA) celebró este miércoles la decisión de México de prohibir las "terapias de conversión" tras la entrada en vigor de la nueva ley el fin de semana pasado.
"La decisión de México de eliminar esta práctica dañina ayudará a proteger la salud pública. Todos los países deberían seguir el ejemplo de México", declaró Luisa Cabal, directora regional de ONUSIDA para América Latina y el Caribe, en un comunicado.